En una reciente decisión, un tribunal de Bolivia ha ratificado la sentencia de 10 años de cárcel para la exmandataria transitoria Jeanine Áñez, por su forma de asumir la Presidencia interina del país en 2019. La confirmación de la condena fue anunciada por la defensa, quienes han detectado contradicciones en el fallo y solicitarán aclaraciones al respecto.

El abogado Luis Guillén, uno de los defensores de Áñez, explicó que el documento de 351 páginas “desglosa los elementos que han sido apelados” y confirma la resolución emitida en primera instancia, es decir, la condena de 10 años por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución.

Sin embargo, tras un análisis preliminar, la defensa del exgobernante ha detectado una contradicción en la sentencia. Parece que se descarta el delito de incumplimiento de deberes, que fue incluido en el fallo inicial. Según el jurista, la resolución indica que no se ha logrado probar el incumplimiento de deberes, por lo que se habría aplicado la pena máxima por las resoluciones contrarias a la Constitución. Esta situación, en palabras de Guillén, aclaraciones por parte del tribunal.

Como consecuencia, los defensores de Áñez planean presentar un “recurso de aclaración” para que el tribunal endurezca si efectivamente se eliminó un delito o no. Una vez obtenida esta aclaración, se requiere adecuadamente el recurso de casación.

La condena de 10 años de cárcel para Jeanine Áñez fue dictaminada en junio de 2022 en el caso denominado “golpe de Estado II”. La Fiscalía, la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Gobierno acusaron a Áñez de asumir indebidamente la Presidencia durante la crisis política de 2019.

La defensa de Áñez ha argumentado que ella accedió a la Presidencia en su condición de segunda vicepresidenta del Senado debido al “vacío de poder” que se produjo tras la renuncia del entonces mandatario, Evo Morales, su vicepresidente, el Senado y la Cámara de Diputados.

Cabe destacar que Áñez se encuentra en detención preventiva en una cárcel en La Paz desde marzo de 2021 por otro caso conocido como “golpe de Estado I”. En dicho caso, se le acusa de delitos de terrorismo, sedición y conspiración relacionados también con la crisis de 2019.

La sentencia ha generado preocupación por el uso excesivo de la detención preventiva en el proceso contra Áñez, según manifestó en su momento la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en Bolivia. Además, el relator especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayán, ha señalado que Áñez debería enfrentarse a un juicio de responsabilidad como expresidenta, independientemente de la forma en que asumió el poder.

Tanto la defensa de la exmandataria como los acusadores han presentado apelaciones. La defensa argumenta “injerencia política”, mientras que los acusadores buscan que la condena sea aumentada a 15 años de prisión.